En las semanas posteriores al terremoto del 24 de junio han circulado numerosas cifras sobre el costo de la tragedia. El Banco Mundial estimó daños físicos directos por US$19.600 millones, equivalentes a cerca de 17% del PIB venezolano. Son cifras que ayudan a dimensionar la magnitud del desastre, pero desde el punto de vista económico resultan insuficientes. Confundir daños con costo económico conduce a diagnósticos equivocados y, muchas veces, también a malas decisiones de política pública. Además también conviene repasar la metodología detrás de estas mediciones pues en muchos casos se está sobredimensionando la magnitud de la tragedia.
La economía no pierde únicamente cuando se destruye un edificio. Pierde cuando ese edificio deja de producir, cuando una empresa deja de vender, cuando un puerto deja de movilizar mercancías o cuando miles de trabajadores interrumpen su actividad. El costo económico de un desastre no se mide por el valor de lo que desapareció, sino por el ingreso que deja de generarse mientras esa capacidad productiva permanece fuera de servicio. Esto es lo que los economistas llamamos distinguir entre el stock y el flujo.
Ese es precisamente el ejercicio que intentamos realizar para La Guaira.
La Guaira representa aproximadamente 6,2% de las transacciones nacionales (esto es basado en los estudios que hemos hecho en el pasado sobre transacciones en Venezuela), lo que equivale a una actividad económica cercana a US$6.900 millones anuales sobre un PIB estimado de US$111.300 millones. Sin embargo, reducir la importancia del estado a ese porcentaje sería un error. Su verdadero peso radica en que concentra más del 40% del sector nacional de logística y transporte gracias al puerto de La Guaira y al aeropuerto internacional de Maiquetía. Ambos constituyen el principal punto de entrada y salida de mercancías y pasajeros del país. Cuando ese nodo deja de operar, el impacto se transmite rápidamente al resto de la economía.
Los daños físicos en el estado probablemente se ubican entre US$4.000 y US$6.000 millones, es decir, entre 60% y 90% del producto anual de La Guaira. Esa proporción ilustra la magnitud del choque patrimonial, pero todavía no responde la pregunta central: ¿cuánto dejó de producir el estado como consecuencia del terremoto?
Para aproximarnos a esa respuesta es necesario observar el funcionamiento de la economía durante las semanas posteriores al sismo. El puerto permaneció completamente paralizado durante 28 días y solo reabrió gradualmente para operaciones de carga. El aeropuerto de Maiquetía recuperará su operación normal, en el mejor de los casos, a finales de este año, con una apertura parcial en agosto. Durante casi ocho semanas los dos activos que sostienen buena parte de la actividad económica del estado operaron a una fracción mínima de su capacidad.
A esa interrupción se sumó el colapso del tejido empresarial. El primer censo comercial revela que apenas 1.752 establecimientos permanecen operativos de los cerca de 7.000 negocios existentes antes del terremoto. En otras palabras, tres de cada cuatro empresas dejaron de funcionar. En parroquias como Caraballeda, Macuto y Catia La Mar alrededor de 40% del comercio sufrió daños importantes y el turismo, una de las principales actividades económicas del estado, prácticamente desapareció durante toda la temporada.
Con esos elementos es posible construir una estimación razonable del flujo de actividad económica perdido. Nuestro escenario central apunta a una contracción cercana a 35% del PIB de La Guaira durante 2026, con una caída interanual de entre 55% y 70% durante el tercer trimestre, que representa el momento de mayor interrupción de la actividad. El gasto asociado a la reconstrucción, la recuperación gradual del puerto y del aeropuerto y las líneas de crédito de emergencia evitarán una contracción aún mayor, pero difícilmente modificarán el diagnóstico general.
Traducido en cifras, La Guaira dejaría de generar alrededor de US$2.400 millones de actividad económica durante 2026 respecto al escenario previo al terremoto. Esa es, probablemente, la mejor aproximación al costo económico directo del desastre para el estado durante su primer año. Es una pérdida equivalente a más de un tercio de su economía anual y muy distinta del costo de reconstruir los activos destruidos.
Sin embargo, incluso esa estimación sigue siendo conservadora porque el estado no opera de manera aislada. El cierre temporal del principal nodo logístico del país elevó los costos de transporte, obligó a desviar operaciones hacia Valencia, Barcelona y Maracaibo, incrementó los tiempos de entrega, generó congestión en puertos alternativos y produjo interrupciones en las cadenas de suministro del centro del país. Estos efectos indirectos explican por qué el impacto nacional termina siendo considerablemente mayor que la simple pérdida de producción de La Guaira.
Nuestra estimación es que la caída de actividad del estado resta aproximadamente 2,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB venezolano por efecto directo. Cuando se incorpora el deterioro del sector logístico y los efectos de propagación sobre comercio, manufactura y consumo, el terremoto podría costarle a Venezuela entre tres y cuatro puntos de crecimiento durante 2026 respecto al escenario que existía antes del desastre.
Esta diferencia entre daño físico y costo económico no es un detalle metodológico. Es una distinción fundamental para diseñar la reconstrucción. Si el objetivo se limita a reponer edificios e infraestructura, el país podrá recuperar parte del patrimonio perdido. Pero si la prioridad consiste en restablecer cuanto antes la capacidad productiva de La Guaira, entonces las decisiones de inversión cambian. La reconstrucción debe concentrarse primero en el puerto, el aeropuerto, la conectividad vial y el financiamiento de miles de pequeñas empresas que constituyen el tejido económico del estado. Cada semana que esas actividades permanezcan parcialmente paralizadas seguirá aumentando el costo económico del desastre.
Durante 2027 probablemente veremos tasas de crecimiento muy elevadas en La Guaira como consecuencia del proceso de reconstrucción y del bajo punto de comparación que dejará 2026. Sería un error interpretar esas cifras como una recuperación plena. Recuperar un stock de capital equivalente a entre 60% y 90% del producto anual del estado requerirá varios años de inversión sostenida, estabilidad institucional y acceso a financiamiento. Sin embargo, toda crisis también abre una oportunidad para hacer las cosas mejor. La Guaira puede reconstruirse replicando las vulnerabilidades del pasado o puede convertirse en el punto de partida de una infraestructura logística más moderna y más eficiente. Si las inversiones se orientan correctamente, si el financiamiento llega a las empresas que sostienen el tejido productivo y si la reconstrucción logra convertirse en un proyecto compartido entre el sector público, el sector privado y la cooperación internacional, el estado no solo recuperará lo perdido: puede salir fortalecido. Al final, el verdadero éxito no será volver al punto donde estábamos antes del terremoto, sino aprovechar esta tragedia para construir una plataforma logística capaz de impulsar el crecimiento de Venezuela durante las próximas décadas.
El verdadero indicador de éxito no será la tasa de crecimiento del próximo año, sino la velocidad con la que La Guaira recupere su papel como principal plataforma logística de Venezuela.
En general, en cada sector del espacio económico venezolano, esa debe ser la orientaciòn. No se trata de reconstruir para alcanzar el anterior estado de las cosas, sino reconstruir para salir fortalecido.
Gracias Asdrúbal!. Muy esclarecedor como siempre 👏🏼
En el caso del Puerto de La Guaira, que cuenta con el equipamiento más actualizado del país para el manejo de carga contenerizada, el costo de no-producción pudiese ser aun mayor si se considera que desde el año 2022 el administrador portuario venezolano (Bolipuertos, S.A.) está avanzando en la adecuación del marco normativo y la dinamización de procesos técnicos y administrativos para el manejo de carga con el objetivo final de consolidar a Venezuela como el hub portuario del Caribe y norte de Sudamérica aprovechando las facilidades del Puerto de La Guaira y la posición geográfica de nuestro país. Este interesante proyecto resultaría bien favorecido con la estabilidad política y el otorgamiento de licencias para ciertas actividades económicas y comerciales por parte de la OFAC.